sábado, 19 de septiembre de 2009

parte X: Un insulto a la humanidad

La Historia no contada de los Cinco X: Un insulto a la humanidad Ricardo Alarcón de Quesada
Nunca sabremos que fue lo que los magistrados o sus asistentes pensaron, si es que lo hicieron, acerca de estos documentos. Nadie sabe si ellos siquiera les echaron un vistazo. Los amigos de la corte no recibieron ninguna respuesta ni comentario, ni siquiera un acuse de recibo de un asistente.
La Historia no contada de los Cinco X: Un insulto a la humanidad
El 6 de marzo de 2009 doce documentos de Amigos de la Corte (Amicus Briefs) fueron presentados en apoyo a la petición de revisión de los Cinco. Ese fue el mayor número de documentos de este tipo que haya instado jamás a la Corte Suprema a que revisara un caso criminal.

Ocho de los documentos fueron presentados por instituciones o personas en Estados Unidos: la Asociación Nacional de Abogados Defensores Criminalistas; la Asociación de Abogados Defensores Criminalistas de la Florida, Capítulo de Miami; el Proyecto Nacional de Jurados; el Gremio nacional de Abogados y la Conferencia Nacional de Abogados Negros; el Instituto William C. Velásquez y la Asociación Política Mexicano-Americana; la Clínica de Derechos Civiles de la Facultad de Derecho de la Universidad Howard; el Centro para la Política Internacional y el Consejo de Asuntos Hemisféricos; y un amicus presentado por los Profesores Nelson P. Valdés, Guillermo Grenier, Félix Masud-Piloto, José A. Cobas, Lourdes Arguelles, Rubén G. Rumbaut y Louis Pérez, distinguidos académicos cubano-americanos, autores de algunos de los más importantes libros sobre la emigración cubana a Estados Unidos.

El apoyo de todo el mundo fue realmente impresionante:

Un amicus fue presentado por diez Premios Nobel: José Ramos-Horta (Presidente de la República de Timor Leste), Wole Soyinka, Adolfo Pérez Esqivel, Nadine Gordimer, Rigoberta Menchú, José Saramago, Zhores Alferov, Darío Fo, Günter Grass y Máiread Corrigan Maguire.

Otro, por una cifra récord de legisladores de todos los rincones del planeta: fue suscrito por el Senado de México y la Asamblea Nacional de Panamá en pleno, en ambos casos habiéndose discutido y decidido por unanimidad. También por Mary Robinson, ex Presidenta de Irlanda y ex Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas; por decenas de miembros de todos los grupos políticos del Parlamento Europeo, incluyendo tres actuales Vicepresidentes y dos ex Presidentes y cientos de parlamentarios de Brasil, Bélgica, Chile, Alemania, Irlanda, Japón, México, Escocia y el Reino Unido.

Este documento agregaba llamamientos similares de otros Premios Nobel, el Arzobispo Desmond Tutu y Harol Pinter, y del Consejo de Iglesias de América Latina, la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América latina y el Caribe, el Parlamento Latinoamericano, así como los otros órganos legislativos regionales y resoluciones específicas de apoyo aprobadas por los parlamentos nacionales de Namibia, Mali, Rusia, México, Brasil, Bolivia, Venezuela, Perú, Irlanda, Suiza y Bélgica, entre muchos otros.

Dos documentos separados fueron presentados por un amplio espectro de organizaciones de abogados y de personalidades:

Uno fue presentado por la Federación Iberoamericana del Ombudsman, la Orden de Abogados de Brasil (con 700 000 miembros), Asociaciones de abogados de Bélgica, la Asociación de Abogados de Berlín y otras asociaciones alemanas, la Federación Internacional de Derechos Humanos y un grupo de organizaciones religiosas, legales y de derechos humanos, profesores de derecho, y abogados de Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Alemania, Japón, México, Panamá, Portugal, España y el Reino Unido. Entre las personalidades que firmaron estaban Federico Mayor Zaragoza, ex Director General de la UNESCO y el Juez Juan Guzmán Tapia de Chile.

El otro amicus fue presentado por la Asociación Internacional de Abogados Demócratas; la Asociación Americana de Juristas, la Asociación de Abogados de la India, Droit Solidarité, la Sociedad Haldane y otras organizaciones legales de Italia, Japón, Filipinas, Portugal y Bélgica.

Un grupo de abogados norteamericanos se ofrecieron voluntarios para preparar esos documentos (como lo requiere la ley) consultando y coordinando con las muchas personas involucradas y presentando los documentos en tiempo y con el debido respeto a los parámetros técnicos y de otro tipo que la Corte ha establecido. Cada individuo o institución que presentaba un amicus tenía que identificarse con datos específicos, firmar personalmente y pagar. De conformidad con la Regla 37.6 de la Corte “ninguno de los abogados de ninguna de las partes ha redactado este documento ni total ni parcialmente. Ningún abogado o entidad, a no ser los amigos de la corte o sus abogados, realizó contribución monetaria alguna con la intención de financiar la elaboración o presentación de este documento”.

Fue un inmenso trabajo por el cual muchas personas merecen ser reconocidas. Todos los documentos, junto con una lista completa de los amigos de la corte pueden encontrarse en el blog SCOTUS (www.scotusblog.com) y en www.antiterroristas.cu.

Nunca sabremos que fue lo que los magistrados o sus asistentes pensaron, si es que lo hicieron, acerca de estos documentos. Nadie sabe si ellos siquiera les echaron un vistazo. Los amigos de la corte no recibieron ninguna respuesta ni comentario, ni siquiera un acuse de recibo de un asistente.

Nadie sabe tampoco como se pronunciaron los magistrados en relación con la solicitud de revisión. Solamente conocimos el 14 de junio que la petición de los Cinco había sido rechazada junto con las otras peticiones que la Corte había decidido no escuchar.

Un famoso poeta mexicano una vez definió la actitud imperial de Estados Unidos con la combinación de dos palabras: arrogancia e ignorancia. Al parecer la Corte es la suprema personificación de ambas.

viernes, 18 de septiembre de 2009

(Parte IX): El Reclamo Ignorado

La Historia no contada de los Cinco (Parte IX): El Reclamo Ignorado
Durante todo el proceso - el más prolongado en su momento en la historia de Estados Unidos - estuvieron presentes un grupo de violaciones de derechos constitucionales, así como contradicciones con otros circuitos (consideradas como los asuntos principales a tratar por la Corte Suprema) en importantes temas, tales como la sede, la discriminación racial durante la selección del jurado, las sentencias y los derechos de los acusados y sus abogados. La Historia no contada de los Cinco (Parte IX): El Reclamo Ignorado.
Habiendo agotado todas las posibilidades de apelación, los Cinco solicitaron a la Corte Suprema que revisara su caso. No estaban pidiendo demasiado. Este era un caso que merecía la atención de los magistrados de la Corte Suprema por una serie de razones, algunas de naturaleza realmente excepcional.

Durante todo el proceso - el más prolongado en su momento en la historia de Estados Unidos - estuvieron presentes un grupo de violaciones de derechos constitucionales, así como contradicciones con otros circuitos (consideradas como los asuntos principales a tratar por la Corte Suprema) en importantes temas, tales como la sede, la discriminación racial durante la selección del jurado, las sentencias y los derechos de los acusados y sus abogados.

Este era, además, un caso vinculado directamente con grupos terroristas y sus actividades dentro del territorio de Estados Unidos - en un momento en que el terrorismo se suponía que era el tema más importante - y con claras implicaciones desde el punto de vista de las relaciones internacionales; un caso en el cual Generales y jefes militares e incluso un asesor principal de un Presidente habían declarado como testigos. Tuvo la distinción de ser único en varios sentidos.

La decisión unánime del panel original de la Corte de Apelaciones, después de haber examinado todos los aspectos del caso durante varios años, de anular todas las condenas y ordenar un nuevo juicio, fue única en si misma, como lo fue el documento de 93 páginas que la contenía. La decisión del Gobierno, tomada al más alto nivel, de solicitarle a la Corte en banc que la revocara fue muy excepcional y fue muy raro que se lograra que la Corte accediera a una petición tan inusual.

Por otra parte, no es algo corriente para un juez de apelaciones solicitarle a la Corte Suprema que revise un caso, mucho menos hacerlo dos veces como lo hizo el Juez Birch, quién reiteró esa demanda mientras que paradójicamente se unía a Pryor en su vergonzoso fallo.

Este caso fue único también en cuanto a la preocupación y el interés en todo el mundo.

En el 2005, antes de la decisión del panel de la Corte de Apelaciones, una decisión muy importante y también única fue adoptada de forma unánime por el Grupo de Detención Arbitraria de las Naciones Unidas. Esta es una entidad completamente independiente, no un organismo intergubernamental, con cinco jueces - uno por cada continente - que no representan a ningún estado miembro de las Naciones Unidas y que actúan exclusivamente en su capacidad personal. Esos jueces estudiaron la situación de los Cinco a pedido de sus esposas y madres. El Grupo pasó varios años investigando el caso en su totalidad e interactuando con los Estados Unidos mediante correspondencia oficial. El gobierno cubano nunca fue consultado, y no debía serlo, porque Cuba no era parte en ese proceso.

Fue una decisión que hizo historia. El Grupo llegó a la conclusión que la privación de libertad de los Cinco fue arbitraria y en contravención de los Convenios de Derechos Humanos de Naciones Unidas pertinentes y llamó al Gobierno de Estados Unidos a que tomara medidas para remediar la situación.

El grupo señaló que: “el juicio no tuvo lugar en el clima de objetividad e imparcialidad que se necesita” y “el Gobierno [de Estados Unidos] no ha negado que el clima de predisposición y prejuicio contra los acusados en Miami persistió y contribuyó a presentar a los acusados como culpables desde el principio. No fue impugnado por el Gobierno el hecho de que un año más tarde él mismo admitió que Miami no era el lugar adecuado para celebrar un juicio donde estaba probado que era casi imposible seleccionar un jurado imparcial en un caso vinculado con Cuba.”

“El Gobierno no ha refutado el hecho de que los abogados de la defensa tuvieron un acceso muy limitado a la evidencia debido a la clasificación del caso por parte del Gobierno como de seguridad nacional”, lo que “ha socavado el equilibrio equitativo entre la acusación y la defensa y afectó negativamente la capacidad [de la defensa] para presentar evidencia contraria.”

Los expertos de Naciones Unidas señalaron que los acusados “fueron mantenidos en confinamiento solitario durante 17 meses”, y como consecuencia “la comunicación con sus abogados y el acceso a la evidencia y, con ello, las posibilidades de una defensa adecuada se vieron debilitadas”.

Para concluir fallaron que estos “tres elementos enunciados arriba, en conjunto, son de tal gravedad que confieren a la privación de libertad de estas cinco personas un carácter arbitrario”. (Informe del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria E/CN.4/2006/7/Add.1 p. 66, Opinión No. 19/2005 - Estados Unidos de América)

Esta fue la primera y única vez en la historia de Estados Unidos y en la historia de las Naciones Unidas en que un organismo de ONU haya declarado un proceso judicial en los Estados Unidos injusto y contrario a las normas establecidas universalmente de derechos humanos y al Derecho Internacional.

Pero esas conclusiones de cinco jueces independientes, ninguno de ellos, por cierto, de izquierda o radical, no se encontraban fácilmente en los medios norteamericanos y la mayoría de los estadounidenses probablemente nunca han oído hablar de ellas.

Muchos norteamericanos no conocen acerca de los Cinco porque a ellos no se les permite saber.

No sólo el largo juicio de los Cinco fue mantenido en las sombras, a los norteamericanos no se les ha permitido saber que este caso ha estado muy presente en las mentes de muchos millones de personas en todo el planeta. Los grandes medios corporativos que no informaron sobre su batalla legal colocaron una cortina de silencio similar alrededor del amplio y creciente movimiento de solidaridad que los Cinco han recibido de prácticamente todas partes, desde Irlanda hasta Tasmania, desde Canadá hasta Namibia. Iglesias, parlamentos, organizaciones de derechos humanos, sindicatos, escritores, abogados y personas de todas las posiciones y condiciones sociales han expresado su preocupación e interés en todos los idiomas, incluyendo el inglés.

Pero la Corte Suprema no se tomó la molestia de escuchar.

jueves, 17 de septiembre de 2009



Los Cinco continúan brindando al mundo un ejemplo de resistencia y dignidad, de principios y valentía.


Los Cinco continúan brindando al mundo un ejemplo de resistencia y dignidad, de principios y valentía
.

Intervención del delegado de Cuba, Resfel Pino Álvarez, bajo el tema 2 de la agenda: Informe de la Alta Comisionada. 12 período ordinario de sesiones del Consejo de DD.HH. 15 de septiembre de 2009

Cuba se asocia plenamente con la intervención realizada por Egipto a nombre del Movimiento de Países No Alineados, y se suma a los agradecimientos a la Alta Comisionada por su detallada presentación realizada en la mañana de hoy.

La Sra. Pillay ha abordado cuestiones de gran importancia para la promoción y la protección de los derechos humanos, incluidas la necesidad de poner fin a todas las formas de discriminación; la promoción de los derechos de las mujeres, los migrantes, las minorías, los indígenas y otros grupos vulnerables; el fin de la violencia; así como el imperativo de conceder la prioridad que le corresponde a los derechos económicos, sociales y culturales.

Son ciertamente temas en los cuáles queda aún mucho por avanzar para lograr la plena protección de todos los derechos humanos para todos.

Señor Presidente:

Cuba valora altamente este espacio de debate sobre el informe de la Alta Comisionada. Es por ello que nos referiremos a un tema de crucial importancia, sobre el cual la Oficina de la Alta Comisionada está al tanto, y al cual el pueblo cubano otorga una prioridad especial. Se trata de la situación de injusta encarcelación en la que se encuentran Gerardo Hernández Nordelo, Ramón Labañino Salazar, Antonio Guerrero Rodríguez, Fernando González Llort y René González Sehwerert, Cinco cubanos luchadores antiterroristas, quienes ya han cumplido once años de prisión en EE.UU., y cuya detención fue declarada arbitraria por el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de este Consejo.

Tras un tortuoso y arbitrario proceso, el pasado 15 de junio la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos decidió ignorar el clamor universal para que revisara el caso. Los jueces prefirieron hacer lo que les solicitó el Gobierno y, sin prestarles atención alguna, desconocieron los sólidos argumentos presentados por la defensa, así como una docena de documentos de apoyo suscritos por diez personalidades laureadas con el Premio Nobel, órganos legislativos, centenares de parlamentarios, organizaciones de juristas de numerosos países, incluyendo Estados Unidos, y personalidades defensoras de los derechos humanos, académicos, religiosos y otros que representan a millones de personas en todos los Continentes.

La Corte convalidó una interminable serie de violaciones al derecho y a los procedimientos legales, y se hizo cómplice de la política de promoción y amparo al terrorismo que ha sido y es la sustancia de la enorme injusticia de la que son víctimas nuestros Cinco compatriotas.

El trato vengativo e injusto contra los Cinco se extiende también a sus familiares, quienes enfrentan innumerables obstáculos para ejercer su derecho de visita. El caso más extremo es el de Adriana Pérez y Olga Salanueva, esposas de Gerardo y René, a quienes se les ha negado repetidamente la visa para visitar a sus esposos, bajo los más absurdos pretextos, incluido el de que “constituyen una amenaza para la seguridad nacional de EE.UU.”. Difícil es comprender qué tipo de amenaza representarían dos mujeres para la seguridad de uno de los imperios más poderosos conocido por la historia.

A pesar de los innumerables obstáculos que se les imponen, y de los absurdos e inhumanos castigos de los que son víctimas, los Cinco continúan brindando al mundo un ejemplo de resistencia y dignidad, de principios y valentía. Su causa es hoy la de millones en el mundo. Más temprano que tarde sus captores tendrán que escuchar el clamor de justicia que cada vez con más fuerza llega desde todos los continentes, y de sectores del propio pueblo norteamericano.

Muchas gracias

jueves, 10 de septiembre de 2009

(Parte VIII): El juicio de Pryor

La Historia no contada de los Cinco (Parte VIII): El juicio de Pryor.
La Historia no contada de los Cinco (Parte VIII): El juicio de Pryor
Cuando la histórica decisión unánime fue revocada a instancias del Fiscal General de W. Bush (Remember Elian? CounterPunch, Agosto 11, 2009), el mismo panel de tres jueces tenía que escuchar los temas que quedaban además del de la sede, que había sido sobre el que ellos habían expresado su memorable opinión. Sin embargo, mientras tanto, uno de los jueces, el mayor y el más liberal, se había retirado y otro fue designado para sustituirlo. El elegido para ese papel fue uno nombrado por Bush durante un receso del Senado, William H. Pryor, cuya nominación, descrita como “una de las más polémicas de la historia reciente”, había provocado un gran revuelo en el Senado, que lo confirmó con la oposición de 45 senadores.

El Senador Kerry, afirmó que el nuevo juez “ha sido un constante defensor de la disminución de los derechos garantizados por la constitución” con su “constante búsqueda de opiniones legales extremas e incorrectas… como resultado nuestro sistema jurídico federal tendrá menos habilidad para proteger los derechos constitucionales que nos son tan caros” (Actas del Congreso, Senado Junio 14, 2005).

Pryor fue criticado por algunos de los principales periódicos, y fue descrito como un “fanático de derecha que no está capacitado para juzgar”. Sintetizando su historial Jeffrey St.Clair manifestó: “él va mucho, mucho más allá que incluso muchos de las ideólogos más extremistas en su partido”. (”Pryor unrestraint“, CounterPunch, Junio 14, 2003).

El Sr. Pryor escribió la opinión de rechazo de la Corte a los otros temas presentados por la defensa con un lenguaje que en momentos era más cercano a la vulgar diatriba y a las calumnias anti-cubanas que al estilo balanceado y sobrio de los documentos legales (incluso algunos terroristas bien conocidos, descritos correctamente como tales por el panel anterior, fueron ahora convertidos en patrióticos luchadores por la libertad). Curiosamente, la acusación de “espionaje” fue fabricada de forma tan torpe y el juicio de Miami incluía otros errores tan obvios, que Prior tuvo que estar de acuerdo con los otros dos jueces en anular las sentencias de tres de los acusados. (Espías sin Espiar, CounterPunch Agosto 28-30, 2009).

Esta vez el panel estuvo dividido en un punto crucial: el Cargo 3 - conspiración para cometer asesinato. Uno de los jueces, J. Birch, a pesar de coincidir con la opinión de Prior reconoció que “este tema presenta un caso muy cerrado” y reiteró “que la moción para cambio de sede debió haber sido otorgada” agregando que “Los acusados estuvieron sujetos a tal grado de daño basado en el demostrado prejuicio dominante en la comunidad que sus condenas debieron ser revocadas”. (US Court of Appeals for the Eleventh Circuit N. 01-17176, DC Docket No. 98- 00721 CR-JAL, Page 83).

La Jueza Phillys Kravitch en una impresionante opinión discrepante de 15 páginas demostró la terrible injusticia cometida por sus colegas en contra de Gerardo Hernández.

Ella señaló: “Un país no puede legalmente derribar una aeronave en el espacio aéreo internacional, en contraste con un país que derribe una nave aérea extranjera dentro de su propio territorio cuando los pilotos de esas aeronaves que han sido advertidos en repetidas ocasiones que respeten los límites territoriales, han dejado caer objetos sobre el territorio, y cuando el objetivo de los vuelos es desestabilizar el sistema político del país.

Así, la cuestión de si el Gobierno suministró suficiente evidencia que apoyara la condena a Hernández depende de si presentó suficiente evidencia para probar que él estuvo de acuerdo en derribar los aviones en el espacio aéreo internacional, en contraposición con el cubano.” (Ídem Págs. 94-95) y a este respecto “el Gobierno no pudo señalar ninguna evidencia.” (Ídem Pág. 98).

Pero más allá del tema de la ubicación del incidente “el Gobierno no pudo aportar en lo absoluto suficiente evidencia de que Hernández estuvo de acuerdo en el derribo de los aviones. Ninguna de las comunicaciones interceptadas que el Gobierno presentó en el juicio muestra un acuerdo para derribar los aviones. Como mucho, la evidencia muestra un acuerdo para “confrontar” a los aviones de “Hermanos al Rescate”. Pero una “confrontación” no significa necesariamente un derribo.”

Para demostrar que tenía razón hizo referencia a los testimonios y cintas de video presentadas en el juicio: “Esta evidencia demuestra lo obvio: existen muchas formas en las que un país puede “confrontar” a una nave aérea extranjera. Pero el Gobierno no presentó ninguna evidencia de que cuando Hernández estuvo de acuerdo en ayudar a “confrontar” a “Hermanos al Rescate” él haya accedido a que la confrontación fuera un derribo. Concluir que la evidencia sí muestra esto va más allá de meras inferencias a una total especulación… Debido a que tanta evidencia señala hacia una “confrontación” y no hacia un derribo, yo no puedo decir que un jurado razonable - dada toda la evidencia - pueda concluir más allá de una duda razonable que Hernández estuvo de acuerdo con el derribo.” (Idem Págs. 96-97)

Esto era tan obvio que el mismo Gobierno había reconocido en una petición de emergencia “sin precedentes” a esa misma Corte de Apelaciones que demostrar la inventada culpabilidad de Gerardo en un crimen tan fabricado constituía un “obstáculo insuperable” para la fiscalía.

Ese habría sido el caso con un “jurado razonable” en cualquier otra sede. Pero no en Miami, donde los intimidados jurados estaban rodeados en la sala del tribunal de una banda de individuos que proclamaban sus proezas terroristas y habían sido capaces de secuestrar a Elián González, siempre con total impunidad y que se unieron al Gobierno en la solicitud del peor castigo para Gerardo. Eso pudiera haber sido comprendido por cualquier juez razonable. Pero no por un “fanático de derecha que no está capacitado para juzgar”.

Alguien en la Casa Blanca estaba feliz. Su nombrado en el cargo le sirvió bien. A Gerardo le confirmaron sus dos cadenas perpetuas con el voto renuente y paradójico de un juez, Birch, que insistió en que las “condenas [de todos los Cinco] deben ser revocadas” y una digna dama que mantuvo su opinión discrepante: “el Gobierno no presentó ninguna evidencia” para sostener su acusación.

Después del vergonzoso fallo de Pryor los Cinco apelaron a la Corte en banc. Esta vez ellos no estaban cuestionando una decisión unánime y bien fundada - como hizo el Gobierno en el 2005 - sino una claramente injusta y prejuiciada que había dividido profundamente al panel en relación con el Cargo 3, con la Kravitch rechazándola con impecable consistencia y Birch - después de reconocer sus argumentos, pero ignorando la presunción de inocencia y sus propias “dudas razonables” - decidiendo de una manera rara unirse a la posición pro-Gobierno y a la lógica neoconservadora de Prior.

Pero esta vez la Corte de Apelaciones confirmó las discutibles conclusiones del panel. Los jueces de Atlanta incluso se olvidaron que fue a ellos a los que el mismo Gobierno les había hecho una “petición de emergencia” admitiendo que no habían podido probar la culpabilidad de Gerardo.

(Parte VII): Sucedió en Miami

La Historia no contada de los Cinco (Parte VII):
Sucedió en Miami
La Historia no contada de los Cinco (Parte VII): Sucedió en Miami
7 Septiembre 2009 Haga un comentario

* Esta es la quinta parte de la serie sobre los Cinco escrita por Ricardo Alarcón y publicada en inglés, en el diario digital norteamericano CounterPunch. Haga clic para ver los artículos anteriores: Primera Parte, Segunda Parte, Tercera Parte, Cuarta Parte, Quinta Parte y Sexta Parte. Traducción: Cubadebate.

El Tribunal Federal de primera instancia del sur de la Florida no es un tribunal internacional, ni tampoco es un organismo de la ONU que tenga jurisdicción sobre asuntos que afectan las relaciones entre las naciones. Tiene una tarea muy específica, que consiste en determinar si un acusado en particular es o no culpable de un cargo concreto. Al darle instrucciones al jurado en el caso de Gerardo Hernández, el tribunal recordó el lenguaje de la Causa del Gobierno:

“El Cargo 3 alega que el acusado Gerardo Hernández conspiró con otras personas para cometer homicidio, es decir, la matanza ilegal de seres humanos con malicia dolosa y con una intención premeditada en la jurisdicción especial marítima y territorial de los Estados Unidos.” (Transcripción del juicio ante el Honorable Joan A. Lenard, 4 de junio de 2001, páginas 14587 a 14.588)

La jueza Lenard señaló que Gerardo:

“Puede determinarse culpable de ese delito sólo si se les prueban todos los de los siguientes hechos sin alguna duda razonable.
“Primero. Que las víctimas mencionadas en la acusación están muertos.
“Segundo. Que el acusado causó la muerte de las víctimas con malicia dolosa.
“Tercera. Que el demandado lo hizo con la intención premeditada.
“Cuarta. De que el asesinato ocurrió dentro de la jurisdicción especial marítima y territorial de los Estados Unidos.” (Idem páginas 14598 a 14599)

Ella elaboró aún más:

“Matar con malicia dolosa quiere decir matar a otra persona a propósito e intencionalmente … Para establecer un delito de asesinato en primer grado, se requiere además prueba de una intención premeditada. La premeditación se asocia típicamente con el asesinato a sangre fría y requiere de un período de tiempo en el que el acusado lo piensa y delibera sobre el asunto antes de actuar.

“Tendría que ser tiempo suficiente para que el asesino esté plenamente consciente de su intención de matar. Se le indica que el lugar del supuesto asesinato (como describe la Causa), si usted está seguro sin duda razonable alguno que el crimen ocurrió ahí, esté dentro de la jurisdicción especial marítima y territorial de los Estados Unidos.” (Idem páginas 14599 — 14600)

El delito nunca ocurrió. Durante los siete meses del juicio, la fiscalía no presentó prueba alguna que implicara a Gerardo en el trágico suceso del 24 de febrero de 1996, ni tampoco podía demostrar, “más allá de una duda razonable”, el lugar exacto del incidente - algo que los expertos de la Oficina de Aeronáutica Civil Internacional (OACI) no habían podido determinar.

Cabe señalar, sin embargo, que los radares de Cuba claramente demostraron que el derribo ocurrió muy adentro de nuestro territorio, que los únicos restos que econtraron fueron hallados muy cerca de las orillas de La Habana y que la Guarda Costa de EE.UU., al no encontrar nada en el área internacional, pidió el 25 de febrero oficialmente a través del Departamento de Estado permiso a Cuba para hacer una búsqueda dentro del área de nuestras aguas territoriales. Los medios noticiosos locales -los mismos “periodistas” a sueldo del gobierno quienes inventaron la acusación del Cargo 3- se pusieron nerviosos y hasta anunciaron inminente derrota.

Unos pocos días anteriormente, en cuanto la jueza le avisó a las partes de sus instrucciones al jurado, los fiscales tomaron lo que ellos mismos describieron como “el paso sin precedentes de peticionarle” -al tribunal de apelaciones-

“un writ (orden legal) de prohibición” porque “teniendo en cuenta la evidencia presentada durante el juicio, esto [las instrucciones al jurado] constituye un obstáculo insuperable para los Estados Unidos en este caso, y probablemente tendría como consecuencia el fracaso de la Causa en relación con este cargo.” (Emergency Petition for Writ of Prohibition, 30 de mayo de 2001, páginas 4 y 21)

Después de haber reconocido nuevamente que la instrucción al jurado “le impone una barrera insuperable a esta fiscalía”, el gobierno le pidió al tribunal de apelaciones que tomara una urgente decisión:

“Que le ordene al tribunal de primera instancia que le instruya al jurado que no es necesario que el jurado determine que el acusado Hernández o sus co-conspiradores del Tercer Cargo de la acusación acordaron que los asesinatos ocurrieron en la jurisdicción especial marítima y territorial de la Estados Unidos.

“Que le prohíba al tribunal de primera instancia a darle al jurado un patrón de instrucciones sobre asesinato en primer grado y sobre el hecho de que el acusado Hernández haya conspirado para cometer un asesinato premeditado.” (Idem, página 39)

El Tribunal de Apelaciones denegó la petición de emergencia y consecuentemente el juez de tribunal de primera instancia mantuvo las instrucciones anteriormente citadas.

Algunos miembros del equipo de la defensa estaban ya felizmente celebrando una victoria que hasta la fiscalía había previsto.

Sin embargo, los miembros del jurado tardaron unos pocos minutos, sin hacer pregunta alguna, en declarar a Gerardo culpable de conspiración para cometer asesinato en primer grado en la jurisdicción especial marítima y territorial de los Estados Unidos. Un “delito” que no cometió, y que los propios fiscales habían tratado desesperadamente de retirar.

Eso ocurrió en Miami. En Miami, es normal secuestrar impunemente a un niño de seis años, ¿por qué pensar que sería tan difícil condenar a un joven por un “crimen” que nunca ocurrió?

La Historia no contada de los Cinco (Parte VI): Acusación a la carta

La Historia no contada de los Cinco (Parte VI): Acusación a la carta La Historia no contada de los Cinco (Parte VI): Acusación a la cartaMás de siete meses después de arrestar y encausar a los Cinco cubanos, el gobierno de los Estados Unidos presentó un nuevo cargo. Otra vez, el cargo era “conspiración”, pero esta vez para cometer homicidio en primer grado y, específicamente, contra uno de los Cinco, Gerardo Hernández Nordelo.

La nueva causa se produjo después de una campaña publicitaria en Miami, impulsada activamente por “periodistas” en la nómina del Gobierno de los EE.UU., incluyendo reportes de reuniones en lugares públicos entre conocidos líderes del exilio cubano, los fiscales, y funcionarios del FBI, durante las cuales discutieron abiertamente sobre la acusación contra Gerardo. Se convirtió en una demanda clara de los grupos más violentos de la ciudad, y los medios noticiosos la convirtieron en un tema medular cotidiano.

El Gobierno accedió al reclamo y presentó la nueva causa formalmente, con el nuevo elemento esencial añadido a los “crímenes” de Gerardo.

Esta fue una concesión política a los terroristas anticubanos, que buscaban vengarse del derribo de dos avionetas (modelo O2 utilizados por la Fuerza Aérea de los EE.UU. primero en Vietnam y más tarde en las guerras de El Salvador) por la Fuerza Aérea cubana el 24 de febrero de 1996. Las avionetas habían sido utilizadas por miembros de un violento grupo de cubanos. El derribo, en el espacio aéreo cubano, había ocurrido dos años antes de que los Cinco fueran arrestados.

Por cierto, el momento era muy sospechoso. Según la información divulgada por la fiscalía durante el juicio, el FBI había descubierto la verdadera naturaleza de la misión revolucionaria de Gerardo en Miami y ya lo estaba monitoreando y controlando sus comunicaciones con La Habana por lo menos un par de años antes del derribo de las avionetas. Si ese incidente fue el resultado de una “conspiración”, en la que Gerardo era un participante clave, ¿por qué no lo arrestaron en 1996? ¿Por qué ese asunto ni siquiera fue mencionado en septiembre de 1998 cuando detuvieron y encausaron a Gerardo?

Las avionetas le pertenecían a un grupo liderado por José Basulto, un veterano agente de la CIA involucrado en muchas acciones de los paramilitares desde 1959, incluyendo la invasión de Playa Girón y una serie de atentados contra Fidel Castro. En los 20 meses anteriores al incidente, este grupo había penetrado al espacio aéreo cubano 25 veces, cada vez denunciado por el gobierno cubano.

Después de tantos démarches diplomáticos, el Gobierno de los Estados Unidos quería aparentar sensibilidad. Inició una investigación sobre los vuelos, pidió la ayuda de Cuba sobre los detalles de las provocaciones anteriores, reconoció haberlas recibido y se las agradeció a Cuba. El 24 de febrero 1996 los procedimientos administrativos estaban aún pendientes, y posteriormente la Administración Federal de Aviación (FAA) privó a Basulto de su licencia de piloto y ya no volaría más (al menos no legalmente).

Los provocadores habían proclamado abiertamente que seguirían haciendo los vuelos ilegales en el espacio aéreo de Cuba, e incluso declararon que la isla, que en ese momento sufría su peor crisis - peor en términos económicos, que la Gran Depresión, según un informe de Naciones Unidas- no era capaz de responder a sus incursiones ilegales.

En enero, el Sr. Basulto trajo con él en el avión un equipo de televisión NBC de Miami, quien filmó y difundió cómo sobrevolaron el centro de La Habana lanzando propaganda y otros materiales. Cuba declaró públicamente que no toleraría tales provocaciones más, e hizo las notificaciones necesarias a todos las partes interesadas, incluyendo al Gobierno de los EE.UU., el Departamento de Estado y la FAA, quien a su vez le advirtió a Basulto y a su grupo de abstenerse de tales vuelos.

La supuesta “conspiración” era en sí misma una estupidez monumental, incomprensible para cualquier mente racional. Se supone que el gobierno cubano había decidido provocar una guerra total con los Estados Unidos, una confrontación militar que, obviamente, habría dado lugar a un golpe terrible no sólo para el gobierno cubano, sino para toda la nación y su pueblo. En relación a cualquier delito, el móvil es siempre un factor clave. Decisivo. ¿Cuál pudiera haber sido el móvil de Cuba, para provocar un evento precisamente en ese momento, el más peligroso para la supervivencia de nuestro país sin aliados o amigos en un mundo y un continente bajo el pleno control de los Estados Unidos en 1996?

Cuba hizo exactamente lo contrario. Denunció una por una, cada provocación a la FAA y a la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI, la Institución de la familia de las Naciones Unidas que se ocupa de estas cuestiones) y envió decenas de notas diplomáticas al Departamento de Estado. Pero Cuba fue más allá. Hizo todo lo posible para llegar al más alto nivel del gobierno de los Estados Unidos, a la Casa Blanca, tratando de prevenir más incidentes.

The New Yorker, en su edición de enero de 1998 dedicada a Cuba en ocasión de la visita del Papa, incluyó un artículo serio y con un relato bastante objetivo de estos esfuerzos cubanos. (Carl Naguin, “Annals of Diplomacy Backfire“, The New Yorker, 26 de enero de 1998,.)

Sí, hubo una conspiración para provocar la tragedia del 24 de febrero de 1996. Pero fue única y exclusivamente los mismos grupos que en Miami han lanzado una campaña terrorista contra Cuba durante medio siglo. La misma pandilla que posteriormente secuestró a Elián González, de seis años de edad. Sucesos delictivos que siempre ejecutaron con impunidad.

martes, 8 de septiembre de 2009

La Historia no contada de los Cinco (Parte V)





La Historia no contada de los Cinco (Parte V): Espías sin espiar La primera acta acusatoria, en septiembre de 1998, inculpaba a los cinco cubanos de ser agentes de Cuba no registrados y de otras violaciones menores. El gobierno también acusó a tres de ellos -Gerardo, Ramón y Antonio- de “conspiración para cometer espionaje” (Cargo 2).

La Fiscalía no acusó a ninguno de ellos de espionaje en sí por una
razón muy simple: no existió nada semejante y por lo tanto nunca pudiera ser probado. Los fiscales fueron aún más lejos. En su declaración inicial advirtieron al jurado que no esperara que ellos revelaran ningún secreto ni nada por el estilo. Lo único que tenía que hacer la Fiscalía era “convencer” a los miembros del jurado que los acusados eran personas realmente malas capaces de concebir un intento de poner en peligro la Seguridad Nacional de los Estados Unidos en algún momento de un hipotético futuro. Y, argumentaron, que los acusados tenían que recibir el castigo más severo posible, porque eran unos tipos verdaderamente malos que perturbaban la paz y la tranquilidad de Miami. ¿Recuerdan a Elián?

Para logra
r ese objetivo los fiscales, a pesar de lo que su propia acusación decía, hicieron en el juicio declaraciones del tipo más violento, acusando a los Cinco de nada menos que tratar de “destruir a los Estados Unidos” y recordándoles a los atemorizados miembros del jurado que si no los condenaban estarían “traicionando a la comunidad”.

Los medios de comunicación se encargaron del resto. Ellos siempre han presentado a los Cinco Cubanos como “espías”, o como personas acusadas de ser “espías”. Los medios realmente se excedieron en el
cumplimiento de su tarea. Siguieron repitiendo la misma cantinela, incluso después de que la Corte de Apelaciones en banc concluyó unánimemente en septiembre de 2008 que no había pruebas de que los acusados hubieran “obtenido o transmitido información secreta” o de que hubieran dañado la Seguridad Nacional de los Estados Unidos y por lo tanto decidió que las sentencias por el Cargo Dos (conspiración para cometer espionaje) eran erróneas, las anuló y decretó que Ramón y Antonio fueran resentenciados. (Undécimo Circuito de la Corte de Apelaciones, No. 01-17176, DC, Docket No. 98-00721-CR-JAL , páginas 70-81).

Sin embargo, a pesar de reconocer que el mismo procedimiento debía aplicarse a Gerard
o, en un increíble acto de discriminación judicial, el tribunal se negó a hacerlo aduciendo que una cadena perpetua ya estaba pesando en su contra.

De hecho, era muy fácil darse cuenta de que en este caso no estaba involucrada ninguna información secreta o militar, y que la seguridad nacional de los EE.UU. nunca estuvo afectada. Eso fue lo que dijo el Pentágono, en un lenguaje claro y sencillo antes de que comenzara el juicio. Ese fue el testimonio, bajo juramento, del almirante retirado Eugene Carroll (transcripciones oficiales, páginas 8196-8301), del general de Ejército retirado Edward Breed Atkeson (Idem páginas 11049-11199), del general y ex comandante del Comando Sur Charles Elliot Wilhelm (Idem páginas 11491-11547), y del teniente general retirado de la Fuerza Aérea James R. Clapper (Idem páginas 13089-13235).

Sus testimonios no fueron secretos, sino que fueron hechos voluntariamente en audiencia pública. Probablemente un desfile como ese, de distinguidos y co
ndecorados jefes militares respaldando la inocencia de unos jóvenes revolucionarios cubanos, no había ocurrido anteriormente ante un tribunal de los Estados Unidos. Esto no fue noticia fuera de Miami, pero las transcripciones oficiales del juicio están ahí para el que quiera leerlas.

Desde qu
e los Cinco fueran condenados han tenido lugar otros casos, cuyos resultados contrastan claramente con el de ellos. Vamos a examinar muy brevemente algunos.

Abdel-Latif Dumeisi, acusado de ser un agente no registrado del gobierno de Saddam Hussein. Fue condenado en abril de 2004, en medio de la guerra de Estados Unidos contra Irak, a 3 años y 10 meses de prisión.

Aragoncillo fue hallado culpable en julio de 2007 de transmitir información secreta de defensa nacional de los Estados Unidos (alrededor de 800 documentos clasificados) obtenidos desde su oficina en la Casa Blanca, donde trabajaba como asistente militar de los vicepresidentes Al Gore y Dick Cheney. El Sr. Aragoncillo fue condenado a 10 años de prisión, mientras que su co-conspirador, Michael Ray Aquino, recibió una sentencia de 6 años y 4 meses.

W. Bergersen, un analista del Departamento de Defensa, fue hallado culpable en julio de 2008 de suministrar información de defensa nacional a personas no autorizadas a cambio de dinero y regalos, y fue sentenciado a 4 años y 9 meses de prisión.

Anthony Franklin, un coronel de la reserva de la Fuerza Aérea de EE.UU., que trabajaba en el Departamento de Defensa, fue hallado culpable de en
tregar información clasificada y de defensa nacional, incluyendo secretos militares, a representantes de un gobierno extranjero y fue sentenciado a 12 años y 7 meses de prisión. Sin embargo, nunca entró a una prisión federal. Estaba en libertad mientras apelaba y en mayo pasado el Departamento de Justicia retiró los cargos que sustentaban su caso.

Está de más decir que ninguno de los casos referidos anteriormente fue juzgado en el sur de la Florida, ni involucraba ningún intento de frustrar planes criminales.


Los Cinco recibieron, en conjunto, cuatro cadenas perpetuas más 77 años. Ellos no trabajaban en la Casa Blanca, ni en el Pentágono, ni en el Departamento de Estado. Nunca tuvieron ni trataron de tener acceso a información secreta alguna. Pero hicieron algo imperdonable. Lucharon contra el terrorismo anticubano y lo hicieron en Miami.

lunes, 7 de septiembre de 2009

La Historia no contada de los Cinco (Parte IV): Inhabilitando a los Cinco.
* Es
ta es la cuarta parte de la serie sobre los Cinco escrita por Ricardo Alarcón y publicada en CounterPunch.

Las desproporcionadas condenas impuestas a los Cinco - Gerardo Hernández Nordelo (2 cadenas perpetuas mas 15 años), Ramón Labañino Salazar (1 cadena perpetua mas 18 años), Antonio Guerrero Rodríguez (1 cadena perpetua mas 10 años), Fernando González Llort (19 años), y René González Seheweret (15 años) - contrastan claramente con las que se han aplicado en años recientes en los EEUU a otras personas acusadas por practicar realmente el espionaje, a veces a escalas inusuales, e incluso en algunos casos vinculadas a acciones armadas violentas en contra de los EEUU. Ninguno de ellos fue condenado a cadena perpetua; todos recibieron sentencias inferiores a las de los Cinco cubanos, algunos ya incluso cumplieron sus sentencias y se encuentran en libertad, y otros, condenados por espionaje, les han sido retirados los cargos por la administración de Obama y han sido liberados.

La naturaleza excesiva de las sentencias de los Cnco constituye una muestra de la motivación política vengativa de todo el juicio, como también lo son las condiciones de su encarcelamiento, incluyendo los muy severos obstáculos para las visitas familiares, que llegan al extremo de haber negado todo el tiempo las visas a las esposas de René y Gerardo.

Sin embargo, hay un aspecto todavía más revelador que demuestra que el propósito del gobierno estadounidense era dar refugio y proteger a los terroristas anti-cubanos, para evitar que se descubrieran sus siniestros planes, convirtiéndose así en cómplice y encubridor de sus futuras atrocidades.

Para la administración Bush, esto era tan importante o más, que los desproporcionados años de encarcelamiento. Esto fue lo que la fiscalía dijo, de manera vehemente y en términos bastante gráficos, cuando solicitó al Tribunal un castigo adicional: la “inhabilitación”.

¿Qué significa esto? En sus propias palabras, para el gobierno era esencial asegurar que estos 5 individuos, luego de cumplir sus condenas, nunca más pudieran hacer nada que pudiese afectar las actividades de los terroristas que operan en Miami bajo la protección del gobierno estadounidense. Para garantizar esto, los fiscales solicitaron, y el tribunal les concedió, disposiciones especiales en cada sentencia, asegurándose de que, luego de completar su período de encarcelamiento, incluso una o más cadenas perpetuas, los acusados queden imposibilitados de hacer aquello que los llevó a la cárcel.

Gerardo, Ramón y Fernando nacieron en Cuba, y como extranjeros indeseables, una vez terminado su tiempo en prisión serán expulsados inmediatamente del territorio estadounidense. Esto fue específicamente incorporado en cada una de sus sentencias, incluida la de Gerardo, que luego de pasar en prisión 15 años de su segunda vida será inmediatamente deportado. (Transcripción de la Audiencia para las Sentencias ante la Honorable Joan A. Lenard, 12 de diciembre de 2001, página 93).

René y Antonio planteaban un problema particular. Habiendo nacido en Chicago y Florida, respectivamente, ambos son ciudadanos estadounidenses por nacimiento, y no pueden ser obligados a abandonar el país. Esto requirió de ideas más imaginativas y de una inspirada retórica por parte de los fiscales, que hicieron gala de ambas.

Era necesaria una explicación más franca y precisa de la “inhabilitación”.

Primero vino René, sentenciado “solo” a 15 años. Los fiscales expresaron sin rodeos su grave preocupación con la posibilidad de que un hombre todavía joven, fuera liberado y volviera a intentar hacer de nuevo lo que una vez hizo.

El Tribunal, en atención a la preocupación del gobierno, añadió este peculiar requisito a la sentencia de René: “Como una condición especial adicional a la liberación supervisada se le prohíbe al acusado asociarse con o visitar lugares específicos donde se sabe que están o frecuentan individuos o grupos tales como terroristas, miembros de organizaciones que propugnan la violencia o figuras del crimen organizado” (Transcripción de la Audiencia para las Sentencias ante la Honorable Joan A. Lenard, 12 de diciembre de 2001, páginas 45-46).

Entonces llegó el turno de Antonio Guerrero, que ya había recibido una cadena perpetua más 10 años en prisión. Los fiscales tuvieron que emplear todos los recursos de su elocuencia. Para el gobierno la “inhabilitación” era de vital importancia. No podía correr riesgos, y cuando Antonio se enfrentó al Tribunal el 27 de diciembre de 2001, se le añadió a su sentencia, palabra por palabra, la misma “condición especial” impuesta previamente a René.

Todo esto sucedió en diciembre de 2001, solo 3 meses después del horror del 11 de septiembre. Desde ese fatídico día, George W. Bush se hizo famoso exigiendo una guerra masiva contra los terroristas y contra cualquiera que les diera cualquier tipo de ayuda. Solo una cita de su reiterativo discurso: “Cualquier gobierno que apoye, proteja o refugie a terroristas será cómplice en el asesinato de inocentes, e igualmente culpable de crímenes terroristas”.

Tenemos que tomarle la palabra a George W. Bush.

P.D. En octubre de 2011 René González habrá cumplido su condena si la defensa no logra sacarlo antes. En cualquier caso, él estará bajo libertad supervisada durante la actual administración. ¿Intentará el presidente Obama “inhabilitarlo”? ¿Se le prohibirá a René hacer cualquier cosa que moleste a los terroristas donde “se sabe que están o frecuentan“?

(Traducción: Geleny Ramos, de Cubadebate)

jueves, 3 de septiembre de 2009

La Historia no contada de los Cinco (Parte III): El rostro de la impunidad

La Historia no contada de los Cinco (Parte III): El rostro de la impunidad

Como reconocieron cuando los entrevistaron para seleccionar el jurado, el secuestro de Elián González y sus consecuencias para la comunidad de Miami estaban muy presentes en las mentes de los escogidos como miembros del jurado en el juicio a los Cinco Cubanos. Un proceso que ocurrió solo unos meses después de que el niño de seis años fuera rescatado por los federales.

Como toda la comunidad, ellos habían seguido los hechos relacionados con Elián. Hechos que saturaron las noticias. Las caras de los secuestradores, de sus promotores y seguidores, así como las de otros involucrados en el escándalo .
La Historia no contada de los Cinco (Parte III): El rostro de la impunidad
Como reconocieron cuando los entrevistaron para seleccionar el jurado, el secuestro de Elián González y sus consecuencias para la comunidad de Miami estaban muy presentes en las mentes de los escogidos como miembros del jurado en el juicio a los Cinco Cubanos. Un proceso que ocurrió solo unos meses después de que el niño de seis años fuera rescatado por los federales.

Como toda la comunidad, ellos habían seguido los hechos relacionados con Elián. Hechos que saturaron las noticias. Las caras de los secuestradores, de sus promotores y seguidores, así como las de otros involucrados en el escándalo se hicieron muy familiares para los miembros del jurado. Las caras, y dos detalles del drama de Elián con un carácter único y una conexión directa con el proceso de los Cinco Cubanos.

Primero, la desconcertante conducta de todos los funcionarios públicos de Miami, desde sus congresistas federales, el alcalde y los comisionados hasta los bomberos y los miembros de la fuerza policial, quienes abiertamente se negaron a obedecer la ley y no hicieron nada para ponerle fin al más publicitado caso de abuso infantil ocurrido alguna vez. Y, en segundo lugar, pero no por eso menos increíble, que nada le ocurrió a un grupo de individuos que de forma tan clara había violado la ley con el secuestro de un niño y la violencia y los disturbios que crearon en toda la ciudad cuando fue rescatado por el gobierno federal. Nadie fue procesado, arrestado, ni multado. Ninguna autoridad local fue destituida, sustituida, ni invitada a renunciar. El caso Elián demostró de qué modo la impunidad anticastrista reina en Miami.

Cuando los miembros del jurados se sentaron por primera en la sala del tribunal para realizar su deber de ciudadanos ellos probablemente se asombraron. Ahí, en vivo, estaban las “celebridades de Miami” a las que ellos estaban tan acostumbrados a ver, día y noche, en la televisión local. Y estaban todos juntos, algunas veces sonriendo y abrazándose unos con otros, como viejos compinches. Los secuestradores y los encargados de “hacer cumplir la ley” en contubernio con los fiscales (esas valientes personas que nunca aparecieron cuando un pequeño niño estaba siendo molestado frente a los medios de prensa).

Los miembros del jurado se pasaron siete meses en esa habitación mirando a, y siendo observados por las mismas personas tan familiares para ellos y que ahora se encontraban en el banco de los testigos, en el área del público o en la esquina de la prensa. Las mismas personas que ellos ahora encontraban frecuentemente en el parqueo, en la entrada del edificio de los tribunales y en los corredores. Algunos de vez en cuando vistiendo, orgullosamente, el atuendo que usaron durante su última incursión militar a Cuba.

Los miembros del jurado los escucharon explicar en detalles sus hazañas criminales y diciendo una y otra vez que ellos no hablaban del pasado. Fue un extraño desfile de individuos que comparecieron ante una corte judicial, reconociendo sus acciones violentas contra Cuba. Acciones que planearon, prepararon y emprendieron desde su propio vecindario.

Ahí, haciendo discursos, exigiendo el peor castigo, difamando y amenazando a los abogados de la defensa.

La jueza hizo lo que pudo para tratar de preservar la calma y la dignidad. Ella realmente le ordenó al jurado, muchas veces, que no considerara ciertos comentarios inapropiados, pero eso simplemente no era suficiente para poder borrarle de la mente del jurado las consecuencias prejuiciosas y aterrorizadoras de esas declaraciones.

Las consecuencias fueron obvias. La decisión del panel de la Corte de Apelaciones lo planteó en términos muy claros: “la evidencia sacó a relucir las actividades clandestinas no sólo de los acusados, sino también de varios grupos de exilados cubanos y de los campamentos paramilitares que continúaban operando en el área de Miami… La percepción de que estos grupos podían hacerle daño a los miembras del jurado que emitieran un veredicto desfavorable a sus puntos de vista, era palpable”. (Undécimo Circuito del Tribunal de Apelaciones, No. 01-17176, 03-11087)

Pero eso no era todo. Después de ver y escuchar la abundante evidencia de los actos de terrorismo que los acusados habían tratado de impedir, el Gobierno logró defender a los terroristas al convencer al tribunal de que le quitara al jurado la posibilidad de exonerar a los Cinco con la defensa del derecho de necesidad que era la fundación legal de su defensa.

El meollo del asunto es la necesidad que tiene Cuba de proteger a su pueblo de los intentos criminales de los terroristas que gozan de total impunidad en territorio de los EE.UU. La ley estadounidense es clara: si se actúa para prevenir un daño mayor, incluso si él/ella viola la ley en el proceso, estará exento de cualquier penalidad, porque la sociedad reconoce la necesidad, incluso los beneficios, de ejecutar esa acción.

Los Estados Unidos, única superpotencia mundial, han interpretado este principio universal para justificar la legalidad de guerras en tierras lejanas en nombre de la lucha contra el terrorismo. Sin embargo, rehúsan reconocerlo para cinco hombres desarmados, pacíficos, no violentos que, en nombre de un país pequeño, sin causarle daño a nadie, trataron de impedir las acciones ilegales de unos criminales que gozan el refugio y el apoyo en los EE.UU..

El gobierno de EE.UU., a través de los fiscales de Miami, fue aún más allá, hasta la última milla, para ayudar a los terroristas. Lo hicieron muy abiertamente, por escrito y con discursos apasionados que curiosamente no se consideran de interés periodístico.

Eso sucedió en el 2001. Cuando los fiscales del Sur de la Sur y la oficina local del FBI estaban muy ocupados castigando duramente a los Cinco y ofreciéndole protección a “sus” terroristas, los criminales que ejecutaron el ataque del 11 de Septiembre se entrenaban, sin que los molestaran, y desde hacía bastante tiempo, en Miami. Por alguna razón prefirieron ese lugar.

martes, 1 de septiembre de 2009

La Federación Americana de Maestros_ Aprueba una Resolución en Apoyo a los Cinco Cubanos

La Federación Americana de Maestros, Local 2121, Aprueba una Resolución en Apoyo a los Cinco Cubanos

El 25 de Agosto reciente, la Federación Americana de Maestros, Local 2121 (AFT2121 por sus siglas en ingles) en San Francisco, California, aprobó por unanimidad una resolución en apoyo a los Cinco Cubanos prisioneros políticos en los Estados Unidos. La resolución pide al Presidente Obama, que los Cinco sean perdonados y puestos en libertad para que regresen a su patria. Además, en la resolución los maestros hacen un llamado para que “mientras esos hombres continúen presos, el gobierno de los Estados Unidos permita el derecho a las visitas familiares, incluyendo el otorgamiento inmediato de visas a Olga Salanueva y Adriana Pérez para visitar a sus esposos en la prisión.” La Federación Americana de Maestros, Local 2121, Aprueba una Resolución en Apoyo a los Cinco Cubanos

El 25 de Agosto reciente, la Federación Americana de Maestros, Local 2121 (AFT2121 por sus siglas en ingles) en San Francisco, California, aprobó por unanimidad una resolución en apoyo a los Cinco Cubanos prisioneros políticos en los Estados Unidos. La resolución pide al Presidente Obama, que los Cinco sean perdonados y puestos en libertad para que regresen a su patria. Además, en la resolución los maestros hacen un llamado para que “mientras esos hombres continúen presos, el gobierno de los Estados Unidos permita el derecho a las visitas familiares, incluyendo el otorgamiento inmediato de visas a Olga Salanueva y Adriana Pérez para visitar a sus esposos en la prisión.”

La Resolución del sindicato AFT2121 solicita al Presidente Marty Hittelman, de la Federación de Maestros de California (CFT) y al Presidente Randi Weingarten de la Federación Americana de Maestros (AFT por sus siglas en ingles) que envíen una carta al Presidente Barack Obama expresando el sentir y el contenido de la resolución.

El sindicato AFT2121 también resolvió enviar la resolución al Consejo Laboral de San Francisco para que la respalde. Copias de la resolución serán enviadas al Presidente de los EE.UU. Barack Obama, la Secretaria de Estado, Hillary Clinton, el Fiscal General de los EE.UU Eric Holder, las Senadoras de California Bárbara Boxer y Diane Feinstein, la Presidenta del Congreso, Nancy Pelosi y otros congresistas del Área de la Bahía, miembros del Senado de California Mark Leno y Leland Yee, miembros de la Asamblea de California Tom Ammiano y Fiona Ma, y miembros de la Mesa de Supervisores de
San Francisco.

Para leer la resolución completa en Ingles visite http://www.thecuban5.org/AFTSF.html

SOLIDARIDAD CUBANA, LO QUE NO MUESTRA EL INFORMATIVO

Liberar a los presos del Imperio

Por los 5