EE.UU. oculta pago a periodistas en caso de cubanos
Gerardo Hernández, René González, Ramón Labañino, Antonio Guerrero y Fernando González cumplen condenas que llegan hasta doble cadena perpetua más 15 años de cárcel por informar sobre planes criminales de grupos anticubanos asentados en el estado norteamericano de la Florida.
De acuerdo con el diario Granma, el 3 de marzo de 2011, poco antes de morir, el abogado Leonard Weinglass radicó ante la Corte del Distrito Sur de la Florida un memorando en apoyo a la moción para anular, hacer a un lado o corregir el fallo y la sentencia bajo nombre de Antonio Guerrero.
Fragmentos del memorando subrayan que la mala conducta del gobierno creó una probabilidad inconstitucional de que el demandante se viera privado de un juicio justo.
Incluso la evidencia que fue excluida del juicio llegó a la comunidad a través de la prensa, destaca.
Por ejemplo, en un artículo aparecido durante el juicio bajo el título Espías Cubanos, una estación de noticias transmitió un video de Hermanos al Rescate que los acusados habían logrado exitosamente excluir en el juicio el día anterior.
"La Oficina de Transmisiones Cuba es la responsable de dirigir las operaciones de Radio y TV Martí, las cuales transmiten programación anticastrista hacia Cuba y parte de Estados Unidos, incluyendo el Sur de la Florida", señala.
Refiere que durante el juicio de los acusados el gobierno de Estados Unidos le estuvo entregando 37 millones de dólares cada año a Radio/TV Martí, a la cabeza de numerosos otros esfuerzos anticastristas.
"A pesar de los firmes esfuerzos de los acusados, aún hay mucho que se desconoce acerca de la total extensión del programa del gobierno para los medios de prensa -señala- pero la información que hasta ahora ha salido a la luz muestra que los acusados se enfrentaron a un juego amañado por el gobierno."
Como ejemplo de ello, Ariel Remos, del Diario las Américas, recibió alrededor de 25 mil dólares del gobierno de Estados Unidos.
También Wilfredo Cancio Isla, un reportero del Miami Herald para El Nuevo Herald, recibió aproximadamente 22 mil dólares para promover el mensaje del gobierno y reveló públicamente información acerca del juicio de la cual el jurado no tenía conocimiento.
Helen Ferre, editor de la página de opinión del Diario las Américas, recibió al menos cinco mil 800 dólares; Enrique Encinosa, conductor de Radio Mambí [fue el orador principal en el acto por el 35 aniversario de la organización terrorista Alpha 66 con el que se inauguró un nuevo campamento militar de entrenamiento en 1996] recibió más de 10 mil dólares.
Mientras, Carlos Alberto Montaner, famoso escritor y periodista exiliado cubano con una columna semanal en The Miami Herald, recibió más de 40 mil dólares desde el comienzo del juicio.
Otro caso connotado fue el de Pablo Alfonso, reportero de El Nuevo Herald por largo tiempo.
Los contratos revelados por el periódico Liberation, a través de FOIA, muestran que Alfonso recibió pagos de BBG por 58 mil 600 durante el proceso de acusación de los Cinco Cubanos, en el periodo del 1 de noviembre de 1999 al 3 de diciembre de 2001.
Le pagaron en total, hasta el 22 de agosto de 2007, 252 mil 325, subraya.
Destaca que dada la incapacidad del gobierno para revelar esta información de forma abierta —a pesar de que hacerlo es su obligación— los acusados no tienen forma de saber dónde termina esta lista.
En caso de que estos pocos ejemplos dejen alguna duda acerca del impacto de tal cobertura mediática, indica el texto, el gobierno mismo describió lo que estaba en realidad en juego cuando solicitó que se impusiera un auto de reserva para los testigos que estaban involucrados en el juicio.
Señala que "La teoría del sistema [norteamericano]" de justicia es que la condena criminal "estará inducida solamente por la evidencia y los argumentos en la corte, y no por alguna influencia externa."
"La noción misma de un juicio justo asume que las condenas van a basarse solamente en sus procedimientos; las protecciones concedidas a un acusado en el juicio no tienen sentido si él tiene también que enfrentar al gobierno fuera de la sala del tribunal sin esas protecciones", señalan.
El memorando alega una violación distintiva, fundamental de las premisas de un juicio justo, según el texto.
Destaca que el gobierno de forma secreta pagó a periodistas con mucha influencia en la sede del juicio para transmitir, disfrazado de periodismo objetivo, un mensaje apoyando los componentes de los argumentos del gobierno en el juicio.
Los medios de prensa financiados por el gobierno, agrega, inculparon a los acusados, pretendiendo, entre otras cosas, vincularlos con una infinidad de conspiraciones cubanas —ficticias o no— y realzando y/o tergiversando la pretendida evidencia contra los acusados.
Añade que el gobierno financió la publicación por los medios de prensa de evidencia perjudicial que la corte de distrito falló como inadmisible y se refirió a temas relacionados con la selección del jurado, incluyendo la omisión estratégica de las causas de recusación a algunos jurados.
La campaña de propaganda del gobierno fue tanto perjudicial como incendiaria, enfatiza, y esa mala conducta minó la estructura fundamental del juicio del demandante y las condenas del demandante por lo tanto deben ser anuladas.
Señala que tras salir a la luz que el gobierno había pagado a importantes periodistas para que participaran en la cobertura anticubana, [la organización Partnership for Civil Justice y] el Comité Nacional por la Libertad de los Cinco Cubanos emprendió un esfuerzo por utilizar la Ley de Libertad de Información (FOIA) a favor de los acusados.
El proceso de solicitud basado en FOIA ha sido arduo, improductivo e infinito, agrega.
Hasta la fecha, la Broadcasting Board of Governors [agencia federal del gobierno de EE.UU. encargada de supervisar todas las transmisiones de radio y televisión] se ha negado o ha ignorado la mayoría de los componentes de las solicitudes hechas a favor de los Cinco Cubanos el 23 de enero de 2009, afirma.
Otro argumento de este memorando se basa en la retención por el gobierno de evidencia material con el pretexto de la seguridad nacional, y la utilización de la Ley de Procedimientos para la Información Clasificada CIPA [The Classified Information Procedures Act] para distorsionar la totalidad de las evidencias presentadas.
Destaca que el gobierno fue capaz de excluir a la defensa de determinadas etapas del proceso de CIPA, y que la Corte fue emplazada a la posición de confiar en la buena fe del gobierno.
Por ello, señala, los acusados se vieron privados del derecho constitucional de presentar una defensa en la que ellos tuvieran la oportunidad de identificar y buscar introducir materiales clasificados que fueran favorables a la defensa en el juicio y en el proceso de sentencia.
