Cte Uruguay Pro-Liberacion de los 5 Patriotas cubanos presos en los EE.UU

Nuevos expedientes legales de los Cinco Cubanos:
Un nuevo paso en el proceso de apelaciones

En sus expedientes legales, presentados en febrero a la corte federal en Miami, dos de los Cinco Cubanos - Fernando González y Ramón Labañino-respondieron con fuertes argumentos a los fiscales de EE.UU. acerca de por qué sus sentencias-y las de sus compatriotas, los Cinco Cubanos - deben de ser revocadas.

En el centro de sus recursos de habeas corpus para la apelación se encuentra la apabullante revelación de que muchos periodistas de Miami que vilipendiaron a los Cinco durante su juicio, en los años 2000-2001, se encontraban en las nóminas de pago del gobierno de EE.UU., el mismo gobierno que estaba acusando a los Cinco.

En los Estados Unidos, después que queda agotado el proceso directo de apelaciones, el habeas corpus les permite a los prisioneros recusar sus sentencias, particularmente a la luz de evidencias exculpatorias que no fueron dadas a conocer durante el juicio. Sin embargo, debido a la Ley de Pena de Muerte Efectiva y Anti-terrorismo del año 1996, firmada por Bill Clinton, los acusados tienen solo una oportunidad, reducida a un lapso de un año, para ejercer este derecho.

Revelados los Pagos Secretos del Gobierno a Periodistas de Miami

En 2006, el reportero de Miami Herald, Oscar Corral, publicó un reportaje en la primera plana, revelando a 10 periodistas de Miami que recibieron pagos regulares del gobierno de EE.UU., por programas en Radio Martí y TV Martí, vehículos multimillonarios de propaganda del gobierno, cuyo propósito es promover la contrarrevolución en Cuba. Ninguno de los reporteros, empleados por los más notables e influyentes medios de comunicación de Miami, reveló que estaba recibiendo miles de dólares del gobierno.

Este desenmascaramiento de una operación encubierta del gobierno en los medios de Miami resulta de vital importancia. Desde el mismo inicio de su causa, el equipo de la defensa de los Cinco Cubanos libró una batalla por lograr trasladar el juicio fuera de Miami-aun desconociendo acerca del pago del gobierno a los periodistas. Miami es una ciudad tan infectada de la histeria y los prejuicios en contra de Cuba, que resultaba imposible para los Cinco tener un juicio justo allí. Los Cinco Cubanos nunca deberían haber sido arrestados, en primer lugar, porque su misión era proteger a Cuba del terrorismo proveniente de Miami y respaldado por EE.UU.

Por otra parte, la Fiscalía, sacando provecho del ambiente manipulado por los medios, luchó con uñas y dientes para garantizar que los Cinco no fueran juzgados en otro lugar que no fuera Miami, por razones que ahora resultan devastadoramente obvias.

Solo la punta del iceberg

Sobre la base de la revelación de Oscar Corral, el Comité Nacional por la Libertad de los Cinco Cubanos llevó a cabo una batalla, que ahora ya tiene tres años de duración, con el fin de continuar poniendo en evidencia la conexión entre el gobierno de EE.UU. y los periodistas de Miami en relación con el caso de los Cinco.

Las múltiples solicitudes presentadas por la Ley de Libertad de Información por el Comité Nacional y el periódico Liberation-con la asistencia legal pro bono del Fondo de la Asociación para la Justicia Civil-reveló una conexión mucho más amplia y profunda que la que ya había sido descubierta. La agencia que dirige a Radio y TV Martí es el Buró de Radiodifusión del Gobierno (BBG - sigla en inglés), el cual forma parte del Departamento de Estado de EE.UU. Miles de páginas de contratos, puestos al descubierto, prueban que BBG ha empleado un equipo completo de periodistas del ala derecha de Miami. Los contratos muestran pagos del gobierno por un monto de cerca de $1 millón de dólares a 27 periodistas.

Resulta de crucial importancia que los contratos muestran que los pagos se remontan a 1999, un año antes del juicio de los Cinco. En otras palabras, los mismos periodistas de Miami que llevaron a cabo una campaña mediática sin precedentes en contra de los Cinco, antes y durante su juicio, estaban siendo pagados en secreto por el demandante en el caso, ¡el gobierno de EE.UU.! Hay una fuerte razón para creer que los pagos se remontan más atrás aun, pero BBG se niega a hacer más revelaciones.

Esta explosiva información, desconocida en el momento del juicio, es una parte medular de todo el habeas corpus de las apelaciones de los Cinco Cubanos. Si esto hubiera sido conocido durante el juicio, no existe duda de que el mismo pudiera no haber tenido lugar en Miami.

Gerardo Hernández, quien se encuentra cumpliendo injustamente dos cadenas perpetuas, una de ellas por la falsa acusación de conspiración para cometer asesinato, enfoca su habeas corpus en un asesoramiento inefectivo y su real inocencia en el derribo por el gobierno cubano, en 1996, de dos aviones de Hermanos al Rescate que invadieron el espacio aéreo de Cuba. Su apelación se refiere también a los reporteros pagados por el gobierno de EE.UU.

Los recursos habeas corpus y las absurdas evasiones del gobierno

El primer paso en el proceso de habeas corpus era llenar un documento, una notificación formal de apelación. Después cada uno de los abogados de las apelaciones de los Cinco presentó un memorando, elaborado sobre la base de los argumentos.

La respuesta del gobierno a los memorandos de Fernando y Ramón fue presentada a la corte a fines de 2011.

'En la respuesta del gobierno, más que refutar que una agencia del gobierno estaba entregando grandes sumas de dinero a periodistas de Miami, la Fiscal Asistente de EE.UU., Carolyn Heck-Miller, simplemente proclamó que los periodistas no estaban afectados por los pagos. "Las inferencias especulativas [de los acusados] acerca de que los pagos de BBG por los servicios a Radio Martí debían haber influenciado y definido a periodistas de publicaciones no gubernamentales, no tiene fundamento alguno como evidencia."

En la respuesta de Ramón Labañino, del 19 de febrero, a Heck-Miller, su abogado, William M. Norris escribió: "La respuesta del gobierno al demandante con relación al argumento del proceso es, francamente, escandalosa. En ningún momento el gobierno reconoce que resultaría impropio o inconsistente con las normas básicas de un juego limpio, el pagar en secreto a periodistas en la sede del juicio para publicar artículos dando por cierta la culpabilidad de un agente extranjero acusado...

"Pero observadores muy objetivos-desde el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Detenciones Arbitrarias hasta ex -presidentes de EE.UU., y Amnistía Internacional-han declarado que el veredicto en este caso provoca graves preocupaciones sobre el proceso, precisamente por esta razón."

Heck-Miller pasó a declarar que los pagos eran "modestos" y, por lo tanto, no era posible que influyeran sobre los puntos de vista de los periodistas. Norris le recuerda a Heck-Miller que "los pagos no eran en modo alguno modestos-un periodista, Pablo Alfonso, recibió $58,600 del gobierno solamente durante el juicio (un total de más de $250,000 todo junto), y él publicó artículos directamente sobre el juicio, alegando que los acusados parecían culpables."

En una argumentación particularmente absurda del gobierno, Heck-Miller arguyó que los fiscales y el Departamento de Justicia no podían haber sabido sobre los pagos del Departamento de Estado a los reporteros de Miami. La réplica de Norris refuta una vez más al fiscal: "Es probable que en este caso, que involucra un conjunto importante de temas de política exterior, el Departamento de Estado (el cual supervisa la Oficina de Transmisiones a Cuba) fuera al menos consultado antes de hacer la acusación."

Joaquin Méndez, Jr., abogado de Fernando González, fue aún más fuerte en su respuesta a Heck-Miller, presentada el 17 de febrero: "Este caso fue aprobado a los más altos niveles del gobierno nacional, no simplemente por un fiscal local. Y este caso se trata no de un discreto incidente delictivo, sino precisamente de un aspecto de un objetivo nacional particularmente importante con respecto al gobierno cubano, con asuntos que incluyen... una supuesta conspiración de espionaje; las agencias de que se trata [BBG, Departamento de Estado, Departamento de Justicia, etc.] no eran simples 'componentes del mismo gobierno,' sino que estaban trabajando por el mismo fin."

En un caso que se trate de falsos cargos de conspiración para hacer espionaje, todo el que crea el planteamiento del fiscal de EE.UU., de que el Departamento de Estado no está involucrado, requeriría también una suspensión de la realidad.

El gobierno discute lo imposible

Después que Heck-Miller discutió que los fiscales del gobierno no tenían conocimiento-ni responsabilidad de conocer-acerca de los periodistas de Miami pagados por el gobierno, ella ilógicamente aseveró que los Cinco Cubanos y sus abogados debían haber sabido acerca de ello (¡!) y que como ellos no plantearon estos relevantes hechos durante la apelación directa, no pueden presentar esa evidencia ahora. Esto puede ser considerado el gran final del alucinante absurdo de Heck-Miller.

Los abogados de Fernando y Ramón se refirieron a los planteamientos contradictorios de Heck-Miller:

Joaquín Méndez dijo, "...imaginar que la defensa hubiera sabido en 1999 o 2000, lo que el Miami Herald publicó como noticia de primera plana acerca de sus propios reporteros en 2006, excede cualquier ley remotamente referida al caso en la cual el gobierno confía."

William Norris, Jr. añadió: "La información relevante, i.e. acerca de que el gobierno le había pagado a estos periodistas, no estaba públicamente disponible-el Miami Herald la obtuvo solo a través de solicitudes a la Ley de Libertad de Información-y cuando fue revelada [en 2006], 'desató una tormenta de protestas de los cubano-americanos y de otros en el gran Miami.' El autor del artículo original del Miami Herald recibió numerosas amenazas de muerte de los activistas contrarios a Castro, y ha tenido que mudarse de su casa. Claramente, los hechos no eran por mucho realidades mundanas esperando a ser citadas."

¿Una nueva audiencia de evidencias?

WEl hecho de que los argumentos legales autorizados de los Cinco, en correlación con el creciente apoyo público en todo el mundo, resultará o no en el aseguramiento de una audiencia de evidencias, en la que el tema de la conexión del gobierno con los medios pueda ser más aclarado, está todavía por ver. Los abogados de la defensa están esperando saber si la jueza Joan Lenard concederá una audiencia o no. Lenard fue también la jueza durante el juicio.

Este es un largo proceso. El mismo le ha robado ya a los Cinco 13 años y medio de sus vidas y de tiempo junto a sus familias, por el "delito" de salvar vidas.

Este proceso requerirá el esfuerzo continuado y determinado de los miles de personas que apoyan activamente a los Cinco, de sus abogados y del pueblo cubano para ganar la libertad de ellos.

Mientras tanto, el Comité Nacional por la Libertad de los Cinco, el periódico Liberation y el Fondo de la Asociación por la Justicia Civil continuarán profundizando aún más en la búsqueda de información y movilizando al público, junto con el movimiento mundial, para luchar por la libertad de los Cinco.


Chris Banks, el autor de este análisis, es organizador en el Comité Nacional por los Cinco.